El 7 de febrero de 2010 se cumplirán 3 años de la firma de la “carta  Intención” que dio inicio a la elaboración del PFI. Objetivos considerados estructurales y de interés común para la fruticultura, inauguraban un plan para salir del corto plazo.

“Promover el espíritu integrador, abarcativo y de consenso entre los actores públicos y privados en pro de los intereses de toda la actividad y la región; fortalecer el negocio para todos los integrantes del sector; fomentar el comercio justo a través de una mayor transparencia y seguridad jurídica”, entre otras, fueron las ideas que se desarrollaron -desde la teoría y la construcción horizontal-  para el supuesto  fortalecimiento del complejo frutícola.

Estas palabras oídas y escritas durante tres años, no lograron tomar forma ni fuera ni dentro del circuito y, “que la fruticultura norpatagónica sea una morada sólida para todos los eslabones de la cadena”, permanece reservado exclusivamente al espacio de las ideas. Una vez más, lo estructural y la solidez en términos de  sustentabilidad, tuvo que dar paso a lo coyuntural. En principio para los más castigados.  

Dentro del circuito, el tiempo de espera para la implementación e institucionalización de la herramienta estratégica, deja un doble y opuesto resultado: la desagradable sensación de no avanzar y el positivo sobresalto de ver transparentadas “intenciones”: ahora todos saben “que se dice” cuando algo “se dice” sobre “los intereses de toda la actividad y la región y del fortalecimiento  del negocio para todos los integrantes del sector”.

Los escenarios sinuosos y pendulares, más los “intereses ahora transparentados” posibilitaron el caos que desvirtuó primero la implementación del PFI y luego, el objetivo del redireccionamiento de los fondos.

El Ministerio de Agricultura Nacional, gestionó en la región con dos secretarías –una para cada provincia-, concluyendo con resultados diferentes.

Cabe recordar que el cambio de destino del dinero público, se sustentó ideológicamente, en ayudar  a los más castigados. También, era imperioso perfeccionar las operatorias para que los bien posicionados y en muchos casos responsables de la inequidad existente en la distribución de la renta, no estén incluidos en los listados. Ninguno de los dos objetivos se cumplió con la prolijidad que la situación exigía.

Por ejemplo, la operatoria en la provincia de Río Negro alcanzó hasta productores con 30has (1300$ x ha limite asistencia 10ha) y los chacareros más castigados, no fueron incluidos en su totalidad. Quedaron excluidos 420 de menos de 10has y entre ellos, 200 de menos de 5has. El motivo de la exclusión fue por la intervención a la AFIP para detectar irregularidades. La decisión fue tomada por la Secretaría Nacional a cargo de la provincia y como era de esperar, los más débiles y en riesgo permanente de registrar incumplimientos fiscales, estaban entre los observados.

En cambio, en Neuquén –a cargo de otra Secretaría- no se implementaron los controles de la AFIP y  el beneficio llegó hasta productores con 80 has (1500$ x ha límite asistencia 20ha).

En otras palabras, la Secretaria Carla Campos Bilbao, responsable de la distribución de fondos en Río Negro, justificó desde su discurso, no extender el beneficio a más productores, y de ese modo entregar una ayuda más sustanciosa a los más chicos. Paradójicamente, ellos fueron excluidos por la decisión de la funcionaria de  dar intervención al organismo de fiscalización. Otros aspectos poco claros a la hora de tomar medidas, también definieron la operatoria.

Violenta ver las consecuencias de afectar a los más débiles de la fruticultura como resultado de tormentos personales y constatar en cada oportunidad, la existencia de una estructura sistémica que permite el despliegue de dichos tormentos.

Por otro lado y como resultado de las últimas reuniones con funcionarios nacionales  la región cuenta con los compromisos de: el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, del Secretario Lorenzo Basso y con el acuerdo de las autoridades de las dos provincias para continuar con el PFI y su institucionalización. Así también con fondos similares a los utilizados en el 2009.

Lamentablemente, también cuenta con el peligroso paraguas virtual que es hoy la “denominación PFI”: no tiene la mano genuina que lo sostenga y el uso y abuso de su nombre le hace perder  legitimidad.

En suma, una nueva etapa nace con el 2010. Es importante revisar los pasos dados en falso para que no sea otro “eterno empezar” y, si es necesario, el sector tendría que reformular las preguntas, o NO permitir las respuestas atractivas, que no respondan al problema planteado.